La Universidad Libre de Murcia

El segundo intento de Universidad en el siglo XIX no se haría esperar muchos años, y su nacimiento está también en relación con la situación de libertad política de la época, ya que tiene lugar a raíz de la Revolución de 1868, y a causa de la libertad de enseñanza establecida en el Decreto Ley de 21 de octubre de 1868 y más en concreto en virtud de una disposición del mismo rango de 14 de enero de 1869, que autorizaba a Diputaciones y Ayuntamientos a crear universidades, siempre que las financiasen con cargo a sus fondos. En preámbulo de tal disposición, firmado por Manuel Ruiz Zorrilla, se da cuenta del espíritu que animaba este tipo de legislación. Naturalmente, se cita el Decreto-Ley anterior, también obra de este mismo ministro, como «base de las grandes reformas en materia de instrucción pública [que] estableció la libertad de enseñanza, dando a las provincias, a las corporaciones y a los particulares los derechos de que nunca debieron verse privados», para a continuación referirse a que la educación no puede ser únicamente patrimonio de Estado: "El Ministro que suscribe cree, como allí dijo [en el Decreto-Ley], que el Estado no puede erigirse en definidor y maestro infalible de las teorías científicas, que así penetran en el mundo real como en el imaginario, y son el producto del estudio o de la inspiración de los hombres consagrados a profundas reflexiones. Hace un largo estudio comparativo de la legislación de otros países y revisa cómo practican la libertad de enseñanza, citando el caso de Bélgica, donde las universidades libres están teniendo mucho éxito, para concluir en la necesidad de establecer la nueva legislación que ahora se presenta y que trata de conseguir esa fuerza de las naciones basada en la suma de ciencia, riqueza; bienestar social y moralidad, todos precedentes "de la pública instrucción".

Y fue en septiembre de 1869 cuando en las correspondientes sesiones de la Diputación y el Ayuntamiento se da forma a la idea creando una comisión mixta que, tras los estudios correspondientes, logra poner en marcha la Universidad, que inaugura el curso el 11 de noviembre, con la presencia del nuevo Ministro de Fomento, el casi murciano José Echegaray, que años después obtendría el Premio Nobel de Literatura. Se establece la Universidad en el edificio de siempre, como ya sabemos, y se nombra Rector al deán de la Catedral y doctor en Teología y Cánones, don Gerónimo Torres Casanova.

Los estudios que la Universidad Libre ofreció fueron Derecho, con accesoria de Notariado, Ciencias y Filosofía y Letras, estas últimas al principio incompletas, pero en el curso 1870-71, completas la de Ciencias hasta la Licenciatura y la de Letras, como la de Derecho, hasta el Doctorado. La vida de la Universidad también puede considerarse efímera, ya que en 1874, el Decreto de 29 de julio, pondría toda clase de dificultades, como veremos, para la subsistencia de este centro docente. De su precariedad económica, dan cuenta los documentos de la época, que nos señalan las numerosas dificultades para que la Diputación pudiese atender sus obligaciones con respecto a la Universidad. Aun así, cuatro cursos de actividad y uno final marcaron la existencia de un centro de gran importancia, en que hay que destacar fechas significativas como la de la expedición de títulos de doctor e investidura en acto público, lo que logró conseguirse a pesar de las dificultades legales, tal y como hemos relatado con detalle en nuestra monografía dedicada a «La Universidad Libre de Murcia». La Universidad logró, a partir de una nueva legislación de mayo de 1870, mantener completas las Facultades de Derecho con su accesoria de Notariado y de Filosofía y Letras, ambas hasta el doctorado, y la de Ciencias, con dos especialidades, Físico-Naturales y Exactas, hasta la Licenciatura durante tres cursos académicos. Pero en 1873, sufriría un importante recorte quedando, en el último curso, solamente Derecho y Notariado y un preparatorio de Filosofía y Letras.

Contó la Universidad Libre con un nutrido número de profesores, reclutados principalmente para Letras y Ciencias entre los docentes del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza y del Seminario de San Fulgencio, y para Derecho y Notariado entre prestigiosos profesionales. Baste citar solamente los nombres de Francisco Holgado y Toledo (decano) y Simón García, entre los de Letras; Ángel Guirao Navarro (vicerrector) y Olayo Díaz Giménez (decano), entre los de Ciencias; Juan López Somalo (decano), Gonzalo Baño (secretario general de la Universidad), Luciano Díez Sanz de Revenga, Vicente Pérez Callejas, Manuel Serrano Alcázar o Dionisio Alcázar, entre los de Derecho, y Juan de la Cierva Soto, entre los de Notariado.

Sabemos que uno de los problemas planteados a la Universidad, desde el punto de vista presupuestario, fue el del escaso número de alumnos, que apenas permitía ingresar parte de los fondos que cada año se proyectaban. Conocemos cifras concretas de alumnos, referidas a los cursos 1869-70 y 1870-71. En el primero de ellos, Filosofía sólo contaba con 15 alumnos de los que ahora llamamos oficiales; Ciencias con 10; Derecho con 57, y Notariado con 24. Estas cifras mínimas se veían incrementadas por las de alumnos libres: Filosofía, 36; Ciencias, 23; Derecho, 82; Notariado, 18. En total, aquel curso se alcanzó la cifra de 265 alumnos para toda la Universidad. En el curso siguiente, sin tener en cuenta la convocatoria de septiembre, se alcanzó la cifra total de 254, de los cuales, oficiales sólo había en Filosofía, 32; Ciencias, 16; Derecho, 78, y Notariado, 18, lo que sin duda revela un descenso notable en este tipo de alumnos matriculados todo el curso.

Tampoco fue buena la situación presupuestaria de la Universidad y los más graves problemas que acabaron con su existencia se produjeron por esta causa. Dependía el centro docente de un presupuesto elaborado por la Diputación en el que había tres fuentes de ingresos, que tenían efecto mal y tarde: recursos obtenidos a través de matrículas y tasas académicas por grados y títulos (teniendo en cuenta que casi todos los expedidos por esta Universidad fueron con exención de derechos por estar eximidos de los mismos los nuevos titulados que, en su mayoría, eran profesores de la propia Universidad), aportación fija del Ayuntamiento y resto a cubrir por la Diputación. Como gastos, figuraba la importante nómina de gratificaciones del profesorado, gastos de material e imprevistos. Lo cierto es que ni el Ayuntamiento ni la Diputación disponían de liquidez suficiente para enfrentarse a sus obligaciones y el déficit fue aumentando, hasta el punto de que desde mayo de 1871, la Universidad contó en el seno de la Diputación con enemigos importantes (el principal fue Pedro Díaz Cassou), que consideraron durante todo este tiempo la creación de la Universidad como algo inútil, e imprevisora la idea de su fundación, y que opinaban que los fondos provinciales debían dedicarse a otros fines más provechosos para toda la provincia.

De las actividades desarrolladas por la Universidad Libre de Murcia, de las que damos cuenta con amplitud en nuestro estudio monográfico, hay que destacar las que se reflejan a través de los cuatro discursos de apertura de curso académico que nos han quedado. Tales discursos fueron pronunciados por los profesores Barrio Roldán, López Somalo, Díaz Giménez y Holgado Toledo, entre 1869 y 1872, y los textos conservan un gran interés por contener todos y cada uno de ellos exposiciones doctrinales en tomo a la libertad de enseñanza y la defensa de los centros como el de Murcia debidos a la iniciativa local. Son interesantes las distintas reflexiones de estas cuatro piezas oratorias en torno a la difusión de la enseñanza y la ilustración de los pueblos, fuente del progreso y del bienestar o felicidad que se persigue desde el cultivo en la libertad, nacida a raíz de la revolución de septiembre de 1868. Sólo Díaz Giménez expone un tema doctrinal-científico conjuntamente con las habituales reflexiones de carácter político-educativo.

Se ha señalado en la escasa bibliografía dedicada a este centro docente que la causa de la extinción de la Universidad Libre de Murcia fue principalmente la cuestión presupuestaria, de la que ya hemos hablado. Pero también tuvo importancia notable la legislación vigente, ya que un Decreto de 29 de julio de 1874, reformó totalmente la enseñanza y afectó con profundidad a los establecimientos libres, al expresar de manera clara que eran públicos u oficiales todos los establecimientos de enseñanza subvencionados con fondos públicos, del Estado, la Provincia o el Municipio: "y no son únicamente Escuelas públicas las costeadas por el presupuesto general - se dice en la exposición -; solo también, y debe por lo tanto alcanzarles la dirección del Estado, las dotadas o favorecidas por el Erario provincial o municipal. Llevando las ideas de autonomía del pueblo y de la provincia a un extremo que apenas cabría en una constitución federal, se atribuyó en 1868 la condición de establecimientos libres de enseñanza a los creados por las Diputaciones y Ayuntamientos, equiparándolos a los fundados por particulares; y aunque en las leyes orgánicas de 1869 se volvió por los buenos principios del Gobierno, declarando que el carácter de estas corporaciones es meramente económico-administrativo en materia de instrucción pública conservan todavía por tolerancia del poder central una independencia que bien merece la calificación de anárquica.

Las palabras iniciales de la exposición no pueden estar más claras y la justificación del nuevo decreto no puede ser más convincente. Pero lo cierto es que una de las pocas experiencias que en España se han hecho en el campo de la enseñanza basándose en criterios descentralizadores quedaba truncada, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza superior, a la Universidad. No por ello, el Ministro decretante, Eduardo Alonso Colmenares priva a Diputaciones y Ayuntamientos de la posibilidad de fundar centros, pero no pudiendo éstos alcanzar la dotación de medios y categoría de los estatales, queda claro que se dedicarán a escuelas profesionales, técnicas o de grado medio en el caso de las Diputaciones y a la vigilancia de la instrucción primaria en el de los Ayuntamientos. Las palabras de la exposición no dejan lugar a dudas e incluso hacen referencia a la seguridad de que, al ponerse en vigor este Decreto, habrá que clausurar alguna de las universidades existentes. La de Murcia fue una clara víctima de la nueva situación legislativa.

Con las condiciones planteadas en la Gaceta y dada la situación presupuestaria que atravesaba la Universidad Libre de Murcia, es obvio que su final era inmediato, lo que se refleja en las actas de la corporación municipal expresando el desaliento de la comunidad local ante la supresión evidente de la Universidad y valorando muy positivamente la actividad durante cuatro años de aquel primer centro docente murciano: «La existencia de la Universidad Libre de esta capital "decían los miembros de la corporación municipal en 1874- por espacio de cuatro años ha justificado acabadamente la bondad del pensamiento que le dio vida».

Tendrían que pasar más de cuarenta años para que por medio de hábiles planteamientos legales, Murcia pudiese contar de nuevo con una Universidad que en principio funcionaría con fondos propios, siguiendo el patrón de estas universidades libres, para luego ser absorbida por el estado y convertirse en una universidad oficial más, la actual Universidad de Murcia, undécima de las españolas teniendo en cuenta la fecha de su fundación.