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El 23 de febrero, se reúne la Mesa Sectorial de Universidades en la que se tratará, además del Estatuto de PDI, un borrador de Real Decreto de adaptación de la Legislación de Prevención de riesgos laborales en la Universidad, de promoción y extensión de la cultura preventiva a la comunidad universitaria y de regulación de la formación superior en Prevención de Riesgos Laborales.


Leído el borrador en toda su amplitud, aparecen algunos aspectos que a medio plazo pueden ser beneficiosos para el conjunto de los trabajadores de las Universidades y para la propia Institución, como es el sometimiento al control periódico mediante auditorías del sistema de gestión de riesgos laborales, o la integración de la actividad preventiva en la investigación.

No obstante, es difícil entender que tras catorce años desde que se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), exista ahora una propuesta de Real Decreto de Prevención de Riesgos Laborales que afecte únicamente a la Universidad en algunos aspectos muy particulares, que ya están recogidos en la propia Ley.

Quizás se quieran regular cuestiones de difícil justificación a tenor de la legislación vigente.

Por este motivo se señalan algunos aspectos controvertidos en la propuesta del borrador.

En el apartado objeto y ámbito de aplicación, se pretende regular a toda la comunidad universitaria que no está sujeta al marco de las relaciones laborales, esto es, a los estudiantes, que actualmente quedan excluidos de la Ley 31/95 por no ser trabajadores y que en el borrador de RD de universidad incorporan, proponiendo que en lo referente a los códigos de buenas prácticas se garantizará su seguridad y salud, que así mismo estará a lo que establezca el desconocido Estatuto del Estudiante.

Estamos ante un problema muy serio si se pretende incluir a todos los estudiantes en la planificación de la actividad preventiva de las Universidades con la infraestructura que actualmente poseen, tanto de medios técnicos como humanos. Por ello entendemos que esta propuesta abre un interrogante que puede dar lugar a lecturas muy variopintas. Se habla de hacer extensivos los códigos de buenas prácticas que garanticen su seguridad y salud; y esas buenas prácticas suponen realizar una formación específica dirigida a los estudiantes, tarea que recaerá en los técnicos de prevención, ya que en la propuesta no se indica quién formará a los estudiantes en los códigos de buenas prácticas que garanticen su seguridad y salud.

La propuesta carece de una redacción clara que indique qué tipo de formación debe impartirse a los estudiantes, y por quién. ¿Quién formará a los formadores?. De entrada éstos serán los responsables.

Por otro lado, en cuanto a la organización de la prevención en la Universidad, la propuesta deja en el aire la obligación que indica el RD 39/97 respecto a la obligación de constituir en las Universidades Servicios de Prevención Propio en virtud del número de trabajadores y de las actividades que se realicen. Más bien parece que la intención es que cada Universidad elija a la carta su “propio servicio de prevención” realizando subcontratas con las Sociedades de Prevención para evitar la contratación de personal de plantilla, es decir, la externalización pura y dura. La intención es desprenderse de responsabilidades y que éstas recaigan en empresas privadas. Esta observación queda justificada en la propuesta de RD, donde se deja un resquicio para privatizar los Servicios de Prevención en las Universidades.

Tampoco se entiende por qué se incluye en este borrador de R.D., una regulación de la formación universitaria en Prevención de Riesgos Laborales, donde se obliga a incluir en los planes de estudio materia y legislación de Riesgos Laborales para impartir en las Universidades. Así como reflejar que será valorado como requisito en el ámbito de las acreditaciones la integración transversal de la PRL en los planes de estudio.

Y por último, se pretende regular derechos, deberes y funciones del personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, cuando unos y otros ya están regulados por el Real Decreto 39/97. ¿Es el objetivo, rebajar los derechos, garantías e independencia de los Técnicos de Prevención para que hagan informes técnicos a la “carta”?