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Seguimos viendo sólo la punta del iceberg

En los accidentes de trabajo, a los sindicatos nos preocupa habitualmente su evolución al alza. Es un claro indicador de que las cosas van mal. Con las enfermedades profesionales en cambio ocurre al revés, porque todos sabemos que entre lo que sucede y lo que se reconoce hay un abismo enorme.

12-11-2007
Ahora las cosas adquieren mayor gravedad, dado que se ha producido una reducción en el número de enfermedades profesionales declaradas a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprobaba un nuevo cuadro y se establecían los criterios para la notificación y registro de las mismas.
La Asociación de Mutuas (AMAT) ha realizado un análisis totalmente interesado en el que expone su justificación por la reducción de las enfermedades declaradas por las mutuas a lo largo del primer semestre del año. Sus argumentos en ningún momento atribuyen a la actividad de las mutuas ninguna responsabilidad por lo sucedido, sino que la achacan a problemas externos como fallos en el sistema de recogida de la información por parte de Seguridad Social, falta de formación de los facultativos del sistema público de salud, ausencia de expertos en medicina deltrabajo, etc.
En CCOO hemos dado un plazo de dos años de vigencia del Real Decreto 1299/2006 para evaluar su eficacia como herramienta para la identificación y notificación de enfermedades profesionales –no se aborda lo que no se conoce- y la adopción de políticas preventivas. Con esta nueva normativa el protagonismo para la declaración de las enfermedades profesionales ha pasado del empresario a las entidades colaboradoras de la Seguridad Social, es decir, a las 22 mutuas que operan en la actualidad. Eso significa que las mutuas deberían haber adoptado medidas internas para cambiar de manera significativa el subreconocimiento de enfermedades que hasta el momento se venía produciendo. Pero lo que ha sucedido es lo contrario. Las mutuas aún reconocen menos enfermedades que en la etapa anterior. Es decir ocultan los daños a la salud que las condiciones de trabajo producen.
Desde los sindicatos sospechamos que una de las verdaderas razones –no señaladas por AMAT- que explican lo sucedido es la económica. Coincidiendo con la reforma normativa sobre enfermedades profesionales, se produjo otra por la que, desde el uno de enero de 2006, las mutuas tienen que asumir, al igual que hacen con los accidentes de trabajo, no sólo el pago de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad profesional (que ya tenían), sino también las incapacidades permanentes (novedad). Ello significa que ahora, en caso de enfermedad profesional, tienen que liquidar los correspondientes capitales coste de pensiones y otras prestaciones de carácter periódico. En pocas palabras, establecer un reaseguro de garantía. Por esta nueva asunción de responsabilidades económicas, las mutuas han recibido de contrapartida de la Tesorería General de la Seguridad Social un porcentaje mayor de participación en cuotas recaudadas.
Con la lógica de esa búsqueda del mejor resultado económico, las mutuas, han elegido el camino más fácil: en lugar de prevenir enfermedades, adoptan el criterio de no reconocer la contingencia como profesional y derivar su asistencia y prestación económica al sistema público de salud. Con lo que los trabajadores perdemos en derechos económicos y, lo que es más, en actividad preventiva, frente a la lacra social de las enfermedades profesionales.
El Gobierno no puede permanecer inactivo ante esta situación y mirar para otro lado. Además de ponerse a trabajar desde el sistema sanitario público en el abordaje de esta problemática, cosa que hasta ahora no ha hecho, tiene que adoptar todas las medidas a su alcance para obligar a las mutuas a que cumplan con sus funciones y si no fuera así, actuar en consecuencia.
JAIME GONZÁLEZ. Miembro del Departamento Confederal de Salud Laboral de CCOO