LOS JUECES TUMBAN
LA OCURRENCIA DE
CAMPS DE DAR CIUDADANÍA EN INGLÉS
El TSJ valenciano anula la objeción de conciencia y el trabajo
alternativo
JAIME PRATS. Valencia.
25/07/2009
La Generalitat valenciana ha
perdido el pulso que sostenía contra la comunidad educativa, el Gobierno y el
sentido común: Educación para la Ciudadanía no se puede impartir obligatoriamente
en inglés. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
ha tumbado los pilares sobre los que el Gobierno que dirige Francisco Camps, del PP, cimentó su boicot a la asignatura. La
sentencia, que recurrirá el Consell, anula la
imposición de dar la materia en inglés, pero también la posibilidad de aprobar
mediante la elaboración de un trabajo, así como la opción de que los alumnos
puedan acogerse a la objeción de conciencia.
La resolución, planteada por CC OO y la
abogacía del Estado, no puede ser más oportuna. Llega cuando Camps, después de recular hace unos meses por la presión de
padres, alumnos, profesores y directores de centros, había reactivado para el
próximo curso su planteamiento docente respecto a Ciudadanía.
La sección segunda de la sala de lo
contencioso administrativo del TSJ no entra en las motivaciones ideológicas por
las que el PP valenciano recurrió al inglés y a ocurrencias como la de dar las
clases con la doble figura del profesor y el traductor para obstaculizar una
asignatura que, según el consejero de Educación, Alejandro Font
de Mora, induce a los niños "a votar a los socialistas".
La sala, que firma la sentencia por
unanimidad, sí aborda -y echa por tierra- los argumentos a los que se agarró el
Ejecutivo valenciano para travestir su batalla política en una política de
fomento del inglés en las aulas. Eso, dice la sala, está muy bien: "No se
trata de destacar la importancia y necesidad de que los estudiantes adquieran
destrezas en idiomas extranjeros, sino que tal finalidad se consiga en el marco
curricular del sistema educativo". El problema es que la propia Generalitat no ha respetado su normativa, que contempla la
posibilidad de dar asignaturas en inglés, pero siempre dentro del llamado
programa de educación plurilingüe, una fórmula en la que "serían los
centros educativos en cada caso, los que deberían solicitar la autorización
correspondiente a la
Consejería", apunta la sentencia. Es decir, "la
imposición de impartir una asignatura curricular en lengua extranjera no puede
ampararse" en la orden impugnada. Conclusión: la opción de dar la
asignatura en inglés debería partir de los centros siempre que padres y profesores
se acogieran voluntariamente a estos programas de educación plurilingüe en los
que se puede dar Ciudadanía, pero también matemáticas o geografía en inglés.
Ocurre que sólo tres centros de la Comunidad Valenciana
desarrollan actualmente esa posibilidad.
Además de anular el artículo que obliga a
dar la clase en inglés, el TSJ considera que la Consejería de
Educación "no tiene competencia" para ofrecer una opción alternativa
a la clase presencial "al ser una materia curricular y obligatoria,
infringiendo la
Ley Orgánica de la Educación". De esta forma, la sentencia se carga
la posibilidad de esquivar las clases con un trabajo. Y reafirma esta decisión
en "la doctrina reiterada del Tribunal Supremo" que desestima la
declaración de objeción de conciencia y estima la obligación de cursar la
asignatura y asistir a las clases.
El de ayer no es el primer varapalo
judicial que recibe Camps en su cruzada contra la
asignatura -y, por elevación, contra el Gobierno-, aunque sí el más serio. El
TSJ ya se había pronunciado dos veces en sendas suspensiones cautelares contra la Citizenship
del Gobierno valenciano. Es cierto que otra sentencia desestimó el recurso de
un profesor que consideraba que el traductor atentaba contra la libertad de
cátedra. Pero también es verdad que la resolución hecha pública ayer es la más
contundente sobre la materia. Y que anula todo el andamiaje de instrucciones
emitidas por la
Consejería de Educación que da cuerpo a la orden anulada,
entre ellas, la más famosa, la que se refiere a la presencia de los dos
profesores.
La sentencia da la razón al nutrido
movimiento ciudadano que se agrupó en torno a la Plataforma per l'Ensenyament Públic (formada por sindicatos, asociaciones de padres, de
alumnos, de docentes y la Federació Escola
Valenciana). En una exhibición de músculo sin precedentes contra el
todopoderoso PP valenciano, la
Plataforma sacó a la calle a 44.000 personas a finales de
noviembre de 2008. Sólo las protestas contra la guerra de Irak han movilizado a
la sociedad valenciana de esta forma en los últimos años.
Con esta exhibición de fuerza, la Plataforma consiguió
una moratoria indefinida en la aplicación de la orden, así como la apertura de
una negociación con la
Generalitat. El fracaso de esos
contactos llevó a una huelga general que vació las aulas el pasado mes de
abril. Reforzado tras su victoria en las elecciones europeas, en junio la Generaliat
volvió a poner en marcha el engranaje para resucitar sus intenciones iniciales
de impartir la asignatura en inglés.
Pese a la decisión de la sala, el
consejero de Educación, Alejandro Font de Mora,
anunció ayer que su departamento presentará un recurso de casación en el
Tribunal Supremo, lo que, previsiblemente, retrasará la aplicación de la
sentencia. Una vez más, y a pesar de que el tribunal desmonta el argumento del
fomento de la enseñanza del idioma, la Generalitat expresó su
intención de que todos los alumnos "dominen el castellano, valenciano e
inglés hablado y escrito al finalizar la educación secundaria". Font de Mora señaló que la sentencia "no tiene efectos
prácticos" e insistió en el discurso oficial de que la moratoria dictada
en diciembre sigue vigente y que "la asignatura se imparte de forma
voluntaria".
Historia de una batalla perdida
- Abril de
2006. Se
aprueba la Ley
Orgánica de Educación que incluye Educación para la Ciudadanía en 5º
y 6º de primaria (10 y 11 años)
- Junio
y julio de 2006. La Conferencia Episcopal tacha Ciudadanía de
"ataque a la familia" y el Foro Español de la Familia apela a la
objeción.
- Septiembre
de 2007. La asignatura empieza a impartirse en Cataluña, Navarra,
Aragón, Extremadura, Asturias, Cantabria y Andalucía. El presidente de la Generalitat
valenciana, Francisco Camps anuncia que se dará en
inglés.
- Marzo
de 2008. La Generalitat confirma que se impartirá en
inglés en el curso 2008-2009 y que se ofrecerá a los objetores la llamada
opción B, que consiste en un trabajo escogido por la familia.
- Julio
de 2008. El TSJ dicta la suspensión cautelar parcial de la orden y anula
la opción B.
- Septiembre
de 2008. El curso comienza con una orden para que haya un profesor de
inglés y otro de filosofía.
- Octubre
de 2008. Comienzan los encierros en centros educativos.
- Noviembre
de 2008. Unas 44.000 personas salen a la calle en contra de la gestión
educativa del Consell. Amenaza de huelga general en
los centros docentes.
- Diciembre
de 2008. Camps cede y autoriza que Ciudadanía
se pueda estudiar en valenciano o en castellano. Se abre una mesa de
negociación.
- Enero
de 2009. El TSJ suspende cautelarmente la figura
del traductor.
- Abril
de 2009. Las conversaciones se rompen. Jornada con seguimiento masivo de
aulas vacías en Secundaria.
- Junio
de 2009. Camps reactiva Ciudadanía y Educación
lo traslada a los directores de instituto.
- Julio
de 2009. El TSJ anula la obligatoriedad de impartir la asignatura en
inglés, la posibilidad de aprobar mediante un trabajo y la de acogerse a la
objeción de conciencia.
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