Contra la Pobreza

Una Agenda de Trabajo para la Asamblea General de las Naciones Unidas

Documento de Posicionamiento de la Alianza Española Contra la Pobreza

Ante la próxima celebración de la Asamblea General de NNUU, cinco años después de la Cumbre del Milenio, volverán a reunirse los Jefes de Estado y de Gobierno de todos los países y territorios del mundo. En esta Cumbre del Milenio + 5, deberán analizarse y evaluarse cuáles son los avances y los retos aún por alcanzar respecto de los compromisos adquiridos hace cinco años por parte de toda la comunidad internacional, expresados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Todos los informes publicados muestran con claridad que los ODM corren serio peligro de no ser cumplidos en la gran mayoría de los países del mundo si continúan las actuales tendencias. Las cifras no sólo no mejoran al ritmo necesario, sino que se han producido notables retrocesos, especialmente en el África Subsahariana, donde el número de personas bajo el umbral de la pobreza ha seguido aumentando en los últimos años.

La intolerable persistencia de grandes mayorías excluidas sigue mostrando claramente que los factores que perpetúan su exclusión permanecen intactos. Mujeres, niños y niñas, indígenas, personas con discapacidad, campesinos y campesinas de las zonas rurales, enfermos y enfermas de VIH en países empobrecidos… son, entre otros, los rostros del abandono y la explotación y siguen sin recibir respuestas políticas eficaces que garanticen su dignidad y el disfrute de todos sus derechos.

Pese a las declaraciones oficiales, el actual modelo de desarrollo económico sigue mostrando su insostenibilidad ambiental, su ineficacia para garantizar una distribución justa de los supuestos beneficios del crecimiento; su incapacidad, en definitiva, de garantizar un desarrollo verdaderamente social, humano, equitativo y sostenible.

Es por ello por lo que instamos a todos los delegados y delegadas asistentes a la Asamblea General a que, además de renovar el compromiso del año 2000, adopten medidas concretas y verificables para recuperar el tiempo perdido en el camino hacia los ODM. Exigimos que la Comunidad Internacional allí representada se comprometa en su resolución final a avanzar por caminos inequívocos en la lucha contra la pobreza y a favor del Desarrollo sostenible, social e inclusivo, basado en un enfoque de Derechos Humanos, incluidos los Económicos, Sociales, Culturales y Medio Ambientales. El tiempo apremia: los y las habitantes del planeta tenemos una vida limitada, y el Planeta también. El cambio de rumbo es urgente pero también posible, si existe la suficiente voluntad política para subordinar el objetivo de acumulación de beneficios económicos al del bienestar de la población y la sostenibilidad ambiental.

La Alianza Española contra la Pobreza planteó, en Julio de 2005, veinte medidas para erradicar la pobreza, como programa de acción imprescindible para incrementar el compromiso del Gobierno español con la lucha contra la pobreza. En el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas, es preciso que la delegación española en la Asamblea General contribuya a articular una agenda con los mecanismos imprescindibles para la consecución de un nuevo modelo de desarrollo humano sostenible y centrado en el pleno ejercicio de los Derechos Humanos.

Ratificar, reforzar y cumplir los Objetivos del Milenio

Si las tendencias actuales continúan, los ODM no se cumplirán en la fecha prevista. La mayoría de los países del mundo están lejos de presentar indicadores adecuados a los compromisos adquiridos. La meta sobre la paridad en el acceso a las escuelas para niñas y niños, cuyo cumplimiento se proponía preferiblemente para el año 2005, ya ha sido incumplida. Y así será para el resto de metas en las principales regiones del mundo si no se realiza un esfuerzo mucho mayor a partir de ahora.

Es primordial que la Cumbre Milenio +5 reconozca los escasos avances y los múltiples retrocesos realizados hasta la fecha y exprese críticamente cuáles han sido las dificultades para comenzar a cumplir con la agenda acordada.

A partir de ahí, se deberá en primer lugar ratificar y reforzar el conjunto de metas contenidas en los ODM, recordando que los compromisos asumidos en cumbres internacionales previas siguen vigentes.

• La mayoría de las personas pobres del mundo son mujeres y niñas, que viven sin acceso a la educación, a la tierra y a la participación política, sin control sobre sus derechos sexuales o reproductivos y su salud, y sin derechos en la familia y en la sociedad. Los compromisos adoptados en Naciones Unidas con respecto a la mujer en los últimos diez años deben integrarse plenamente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

• En el ámbito de los ODM 5 y 6 deben introducirse referencias explícitas a los Derechos de Salud Sexual y Reproductiva, así como indicadores apropiados para su medición.

• Por lo que respecta a las referencias a la educación, debe reconocerse y retomarse la definición sobre Educación Básica procedente de la cumbre de Dakar (2000), mucho más inclusiva que la referencia a la Educación Primaria.

• De la misma forma, la Declaración de esta cumbre debe incorporar junto a la lucha contra la pobreza, los otros dos objetivos acordados en la Cumbre sobre Desarrollo Social de Copenhague (1995): la integración social y la creación de empleo digno para todos y todas.

Una vez ratificados y reforzados los compromisos, la Asamblea General deberá adoptar medidas concretas para avanzar en su cumplimiento, estableciendo calendarios específicos para la acción.

Incrementar y mejorar la financiación para el Desarrollo

Las sucesivas versiones que se han hecho públicas de resolución final1 se quedan muy cortas a la hora de formular compromisos vinculantes para financiar las necesidades del desarrollo y la lucha contra la pobreza, para alcanzar definitivamente el compromiso incumplido desde 1969, del 0,7% de la AOD. El Gobierno español que hasta el año 2008 no alcanzará el 0,5 %, deberá también impulsar la adopción de un acuerdo ambicioso por parte del conjunto de la Comunidad Internacional.

• España debe realizar un esfuerzo importante para reorientar la ayuda, tanto en lo que respecta a su orientación geográfica, priorizando el África Subsahariana, y sectorial, de acuerdo con el compromiso de destinar al menos el 20% de su AOD a los servicios sociales básicos, como en la necesidad de acabar con la ayuda ligada así como asumir compromisos plurianuales con los países destinatarios de la ayuda para que les permitan planificar de forma participativa, realista y eficaz.

Pero aun en el caso de que se comprometieran todos los recursos necesarios, los ODM no se podrán alcanzar si no se mejora de manera inmediata la eficacia de la ayuda. Los países donantes tienen que comprometerse en Nueva York a actuar de manera concreta, efectiva y periodificada para mejorar la calidad y el impacto de su cooperación.

Es por ello que solicitamos al Gobierno español que su posicionamiento ante las
Naciones Unidas sea:

• Que los países industrializados ratifiquen y hagan efectivo el compromiso de alcanzar el 0,7% de su PIB para Ayuda Oficial al Desarrollo, a través de un calendario ambicioso y urgente de incrementos de dicha AOD.

• El compromiso de que la Financiación para el Desarrollo se dote de mecanismos innovadores adicionales más estables y predecibles, como el Impuesto sobre Transacciones Cambiarias (Tasa Tobin), o como los impuestos globales sobre los beneficios de las transnacionales y sobre las inversiones directas en el extranjero que supongan verdaderos métodos de redistribución mediante impuestos globales.

• También la lucha contra la evasión de capitales, paraísos y el fraude fiscal han de ser un nuevo mecanismo de financiación para la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible. Es necesario modificar la situación actual de libre movilidad en el mercado de capitales para imposibilitar los fraudes fiscales que son práctica habitual en estos momentos y que permite la existencia de los llamados “paraísos fiscales” en los que se estiman están depositados más de 11 billones de dólares, más de un tercio del PIB mundial según los estudios de la Red por la Justicia Fiscal.

• En materia de financiación multilateral es imprescindible eliminar las condicionalidades económicas o políticas asociadas a Programas de Ajuste Estructural, cuyos resultados han sido francamente negativos y que impiden a los países pobres ejercer el derecho a decidir sobre sus prioridades y políticas de desarrollo. España debería abogar por el reconocimiento explicito de este derecho.

1 Revised draft outcome document of the High-level Plenary Meeting on the General Assembly of September 2005,
enviado por el Presidente de la Asamblea General, versión anticipada sin revisar del 5 de agosto de 2005(9,30), futuro
documento de la ONU A/59/HLPM/CRP.1/REV.2

Acabar con la Deuda Externa

La persistencia de la deuda externa es un auténtico lastre que imposibilita la creación de estrategias creíbles de desarrollo y que impone un demencial flujo financiero Sur-Norte por el cual los países empobrecidos financian el desarrollo de los países industrializados (los países empobrecidos pagan en devolución de la deuda varias veces lo que reciben en calidad de AOD). Es una exigencia ética mundial liberar a los países del sur de la carga de la deuda externa y clarificar las responsabilidades en su generación y perpetuación.

Ante la cumbre,

• España debe anunciar la cancelación el 100% de la deuda bilateral española con los 62 países para los que es imprescindible una inmediata cancelación para conseguir los objetivos del milenio, defendiendo además en Nueva York la cancelación de la deuda también en el ámbito multilateral e instruyendo a sus representantes en las Instituciones Financieras Internacionales y en el Club de París, para que defiendan enérgicamente dicha medida.

• Las cancelaciones de deuda deben realizarse con la mayor transparencia y evitando todo tipo de condicionalidad macroeconómica o comercial. Las deudas ilegítimas deben ser canceladas inmediatamente. Para ello, el Gobierno español se proveerá de mecanismos eficaces, participativos y transparentes para determinar y exigir responsabilidades respecto de las deudas ilegítimas, y depósitos bancarios fraudulentos que hayan sido generados por autoridades corruptas o que violen los derechos humanos, así como la deuda ecológica contraída por las empresas transnacionales o por los
países industrializados.2

Reorientar el Comercio internacional

El comercio internacional debe regirse por unas reglas justas que garanticen un reparto justo y equitativo de sus beneficios. El actual modelo de liberalización comercial se ha mostrado inadecuado para garantizar la erradicación de la pobreza y la extensión de los derechos humanos a toda la población del Planeta. Se debe permitir a los países más pobres desarrollar sus industrias locales, vender sus productos y garantizar su seguridad alimentaria.

España debe asumir una posición crítica al respecto en el seno de la Unión Europea en quien tiene depositadas sus competencias negociadoras en materia de comercio internacional.

España debe denunciar la evidente asimetría entre países ricos y empobrecidos en las negociaciones comerciales. Exigimos el fin inmediato de cualquier presión a los países empobrecidos dirigida a reducir sus aranceles de importación a los productos industriales o a la desprotección de sus servicios frente a la inversión extranjera, medidas que han causado un crecimiento notable de la pobreza en los países que las han aplicado.

• En especial, proponemos una moratoria del Acuerdo General de Comercio y Servicios) y de los Acuerdos de Propiedad Intelectual hasta la evaluación de su impacto económico, social y ambiental.

2 Este es un punto que requiere el mayor compromiso político, ya que al día de hoy el Gobierno español sigue utilizando un componente importante de su AOD como préstamos de apoyo a los intereses de las empresas transnacionales españolas, con efectos en muchos casos negativos en los países donde actúan..

La agricultura, por su especial importancia, debe contar con un régimen comercial diferenciado que permita poner en marcha estrategias de seguridad alimentaria nacionales y/o regionales.

• En este sentido es especialmente relevante que España adopte una posición clara a favor de eliminar las prácticas de “dumping” comercial que se ejercen desde los países ricos, exigiendo la aprobación de un calendario detallado para su eliminación antes de 2010, de forma que en ningún caso las subvenciones permitan exportar a precios por debajo de los precios locales de producción, destruyendo directamente el medio de sustento de millares de personas.

• El Estado español debe promover la vigilancia de la actividad de las empresas transnacionales, sus filiales y sus contratistas de forma que la aplicación de acuerdos e inversiones no pongan en peligro los derechos de las poblaciones en ningún país o los derechos laborales y, muy especialmente, debe abogar por un cumplimiento efectivo de los convenios de la OIT en relación a las condiciones de trabajo digno y con derechos.

Avanzar en un nuevo enfoque sobre la Seguridad y el Desarrollo

Es importante recordar que seguridad y desarrollo están intrínsecamente unidos, y que no podemos hablar de seguridad mundial si más de la mitad de su población no ve reconocido su derecho a ejercer una vida digna.

Como ha demostrado la realidad tras el 11-S, las políticas de seguridad centradas en las capacidades militares no han hecho otra cosa que aumentar el riesgo de guerra y el militarismo, perpetuar la violencia, la miseria y la inestabilidad, y favorecer la erosión de los Derechos Humanos tanto en el Norte como en el Sur del planeta. Contribuyen a la destrucción del medio ambiente, consumen los impuestos ciudadanos, suponen un aumento de la población desplazada, refugiada e inmigrante, destruyen las economías y fomentan el crimen transnacional y el tráfico de armas y drogas.

• Frente a este concepto reduccionista y notoriamente incapaz de garantizar la paz, la ONU debería avanzar en la definición de la seguridad humana como un concepto multidimensional, tal y como propuso el PNUD en 1994, que incluye la seguridad económica, cultural, alimentaria, ambiental y política, elementos todos ellos interdependientes e indivisibles.

• En una estrategia multilateral de seguridad humana, la Comunidad Internacional debe asumir su responsabilidad a la hora de proteger a la población, y muy especialmente, a las víctimas civiles atrapadas en conflictos, actuando cuando el Derecho Humanitario así lo exija, y siempre bajo la subordinación del derecho internacional. Deben establecerse normas claras y procesos transparentes que eviten hacer del Derecho Humanitario una coartada para intervenciones militares. Para ello, el papel de los diferentes tribunales internacionales debe ser reforzado. En ningún caso deberían desviarse fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo a financiar programas más o menos explícitos de seguridad militar.

• El Gobierno español debe impulsar y llevar adelante una política de seguridad centrada en el control y reducción del armamento y la construcción de la paz, reduciendo los riesgos de conflicto armado, favoreciendo la primacía del derecho internacional y el pleno respeto al ejercicio de los Derechos Humanos. La propuesta y el apoyo a un tratado internacional de control del comercio de armas debe ser una prioridad.

Democratizar y reformular las instituciones internacionales

Es imprescindible avanzar en la democratización de los mecanismos actuales de gobernanza global. Son numerosos los retos y problemas que el actual sistema no alcanza a solucionar. Por ello, la Asamblea de las Naciones Unidas es el espacio más indicado para emprender medidas democratizadoras empezando por el propio sistema de Naciones Unidas.

Junto con la lucha contra la pobreza, los Derechos Humanos deben ser puestos en el corazón de la reforma.

• La anunciada creación del Consejo de Derechos Humanos debe dotarse de competencias y mecanismos vinculantes.

• Los Derechos Humanos deben mantener su carácter de indivisibilidad también en los mecanismos con los que la Comunidad Internacional pretenda dotarse para garantizar su cumplimiento.

• Igualmente, la participación de la sociedad civil organizada debe ser sistemáticamente promovida y garantizada ante la Organización de las Naciones Unidas.

El sistema de institucional que rige el marco financiero internacional debe ser profundamente modificado supeditándolo a los intereses de los países empobrecidos.

• Se deben establecer mecanismos de transparencia y modificar el sistema de toma de decisiones a fin de asegurar la participación efectiva del conjunto de países empobrecidos.

La asociación mundial para el desarrollo que promueve el ODM 8 sólo puede hacerse realidad con el concurso decidido de países, en los que Gobiernos, sociedad civil y sectores económicos acuerden realizar todas sus actividades en el marco de la defensa y extensión de los Derechos Humanos a todas las personas del Planeta. España debe impulsar con su ejemplo y con el establecimiento de políticas claras este horizonte para la creación de una alianza para el desarrollo humano, equitativo y sostenible.