Informe de la Asesoría Jurídica de la
Univ. de Murcia sobre la Compatibilidad de Docencia
entre Universidades Privadas y Universidades Públicas
El examen de la cuestión ha de partir necesariamente del Real Decreto
557/1991, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros
universitarios. El art. 7.5 de esta capital disposición contiene
una prohibición de carácter general. Establece que el profesorado
de las Universidades privadas no podrá ser funcionario de Cuerpo
Docente Universitario en situación de activo y destino en una Universidad
pública.
En el Dictamen nº 55.769, de 7 de marzo de 1991, del Consejo de Estado
se recogen los fundamentos de esta previsión:
"El precepto considerado se incluye dentro de una Sección
sobre requisitos comunes para la creación o reconocimiento de Universidades
y, específicamente, en el artículo sobre personal docente
mínimo. La indicada ubicación sistemática permite
entender que tal previsión, como norma de común aplicación,
se identifica con la potestad que al Gobierno confiere el artículo
58.2 de la Ley de Reforma Universitaria, de determinar las exigencias de
personal mínimo. El precepto tiene una imbricación con el
mismo sentido institucional presente en el binomio Universidad pública-Universidad
privada, pues a la propia idea de la Universidad privada corresponde que
la selección de su personal docente no se extraiga de la Universidad
pública, generándose que sobre el mismo personal docente
(aunque no necesariamente total), que es rasgo definidor (con los discípulos)
de la Universidad ("Universitas magistorum et disciplinorum"),
se instituyan corporaciones que, aunque guiadas por un objetivo semejante,
son realidades distintas y concurrentes.
El precepto tiene, efectivamente, un efecto reflejo en cuanto el personal
docente de la Universidad pública -en tanto en activo-, sería
incompatible, cualquiera que sea su régimen docente, para la función
docente de la Universidad privada. Desde la perspectiva de ésta,
la limitación y su eventual conculcación, pertenecería
al ámbito del ordenamiento jurídico del sector de la Universidad,
a sus limitaciones y a sus reacciones sancionadoras; para el personal docente
público, caería en el marco de incompatibilidad. Pero aún
en esta dimensión, el Gobierno encontraría habilitación
en el artículo 11 de la Ley 53/1984, en una legítima y razonable
apreciación de los factores que el indicado precepto toma en consideración
para alumbrar una regla general de incompatibilidad".
Dados los términos del art. 16.1 del Real Decreto esta prescripción
resultaría aplicable también a los supuestos de adscripción
de Centros privados, ya sean de titularidad pública o privada, a
Universidades públicas.
La prohibición es absoluta, por lo que es indiferente el régimen
de dedicación del profesor perteneciente a un Cuerpo Docente.
Ahora bien, esta prohibición no alcanza al profesorado contratado
que quedará sometido únicamente a las prescripciones de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con lo dispuesto en la misma, sólo los profesores asociados
a tiempo parcial (ya que los ayudantes por imperativo de la L.R.U. tienen
dedicación a tiempo completo) podrían impartir docencia en
una Universidad privada, siempre que no hubiera coincidencia horaria y
no se superasen los límites legales.
La posible impartición de conferencias o cursos en Universidades
privadas o Centros adscritos deberá respetar en todo caso lo dispuesto
en el art. 19 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades ya citada, y, en
concreto, su apartado e), en el que se recoge como actividad exceptuada
del régimen de incompatibilidades "la colaboración y
la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos
de carácter profesional".
Dos son, por tanto, los elementos que configuran esta excepción:
uno cualitativo, que sean de carácter profesional, y otro cuantitativo,
su ocasionalidad, esto es, que se realice de forma eventual, esporádica
o no permanente.
Este es nuestro inicial parecer sobre la posibilidad de que el profesorado
de la Universidad de Murcia pueda impartir docencia en Universidades privadas
o Centros adscritos, que sometemos a cualquier otro mejor fundado en Derecho.
Murcia, 10 de noviembre de 1997 |
