Artículo aparecido en el Norte de Castilla

Sábado, 8 de marzo de 2003

Los estatutos y las témporas

De manera contundente, el autor da la opinión que le merecen los estatutos en estudio de la Universidad de Valladolid: «Yo acuso a estos estatutos en gestación de propiciar que aquí edifique su casa no la sabiduría, como reza nuestro lema, sino la mediocridad y la insensatez».

PABLO ESPINET/Catedrático de Química Inorgánica en la Universidad de Valladolid (espinet@qi.uva.es)

SI nadie lo remedia, los futuros estatutos de la Universidad de Valladolid consolidarán una evolución todavía más decidida de nuestra Universidad hacia una de cantidad a expensas de la utopía, posible y deseable, de una de calidad. Me explico. Los estatutos proclaman en su primer artículo que la Universidad «se esforzará por mantener y acrecentar su prestigio en el ámbito nacional e internacional». Alegra el alma esa declaración, pero al leer el resto del documento me pregunto cómo se espera conseguir ese resultado con estos estatutos. Por concentrarme sólo en la mayor: en el articulado que afecta a los órganos de gobierno, representación y administración, está ausente cualquier referencia a signos de calidad a los que los estatutos aluden en otros artículos. Los componentes de esos órganos necesitan simplemente ser elegidos reuniendo un número de votos (cantidad), sin que se les requiera como garantía para ser aspirantes que hayan demostrado en sus tareas universitarias (docencia, investigación, administración, estudio) un mínimo de capacidad (calidad). Así, en estos tiempos tan ayunos en milagros, los nuevos estatutos nos embarcarán de hoz y coz en una aventura milagrosa: conseguir una Universidad prestigiosa en el ámbito nacional e internacional sin exigir calidad a los individuos que, por su participación en órganos de gobierno, han de trazar su rumbo.

Con el proyecto de estatutos en la mano sigue siendo perfectamente posible que en el futuro (ya ocurre ahora) se cuenten entre los elegidos para responsabilidades de gobierno profesores que cumplan mal sus tareas docentes y no cumplan en absoluto sus obligaciones investigadoras. Los resultados de las evaluaciones docente e investigadora de los profesores no son públicos, pertenecen a la intimidad del evaluado y se ocultan celosamente a sus posibles votantes ¿Cuánto puede acertar en su elección un votante engañado respecto a la valía universitaria de los aspirantes a cargos? Es igualmente posible que un alumno que no estudie gran cosa (¿podemos llamarle no estudiante?) termine siendo el representante de los estudiantes, ya que no se le exige que mantenga al menos un rendimiento académico medio (que le haría representativo además de representante). En otros ámbitos se requiere competencias profesionales determinadas para participar en decisiones sobre algunos asuntos concretos; el proyecto igualitario de estatutos no se plantea esa cuestión, como no se plantea el de la legitimidad moral de algunas representaciones basadas en participaciones ridículamente bajas del cuerpo electoral correspondiente (hablo de un 10% o 15%, algo que haría saltar las alarmas de cualquier democracia representativa seria).

En este escenario de desatino nos movemos, so pretexto de que la democracia universitaria lo exige. Y yo digo que no, que el pretexto es falso y los estatutos confunden claramente el culo con las témporas. Yo señalo que gobierno racional de la Universidad en democracia es otra cosa y que no establecer matizaciones imprescindibles ni garantías de competencia para los integrantes de órganos de gobierno es una irresponsabilidad muy grave. Yo atestiguo que en estados democráticos sin el complejo de provenir de dictaduras muertas en la cama, la oportunidad y conveniencia de esas garantías no se cuestiona. Yo denuncio que estos estatutos endógenos se parecen poco a las normas que regulan las vidas de universidades de reconocimiento universal (entre las que no nos contamos, pese a manifestaciones en otro sentido de los sucesivos rectores que en ésta han sido). Yo acuso a estos estatutos en gestación de propiciar que aquí edifique su casa no la sabiduría, como reza nuestro lema, sino la mediocridad y la insensatez.

Don Santiago Ramón y Cajal, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias en 1897, reclamaba: «Hay que transformar la Universidad, hasta hoy casi exclusivamente consagrada a la colación de títulos y a la enseñanza profesional, en un centro de impulsión intelectual, al modo de Alemania, donde la Universidad representa el órgano principal de la producción filosófica, científica e industrial». Don Santiago había viajado, y no de turista. Escribió Juan Rojo (ex secretario de Estado de Universidades e Investigación que puso en marcha la Evaluación de la Actividad Investigadora) que la gran etapa de desarrollo universitario que fue desde Cajal hasta la Junta de Ampliación de Estudios se vio truncada por la guerra española. Hoy el hacha que puede continuar el trabajo iniciado por la dictadura está en otras manos, en las nuestras. ¿Permiten y persiguen los estatutos propuestos el objetivo de Cajal? ¿Habrá que esperar cien años más? ¿Esta cuestión no merecerá siquiera una discusión profunda? Las previsiones son que, en el uso democrático de nuestra autonomía, nosotros, los claustrales, tomaremos por ustedes, ciudadanos que pagan sus impuestos, la decisión de cómo regir una de las empresas más importantes de la ciudad y de la región, y lo haremos en menos que canta un gallo, cabalgando sobre sus 267 artículos como quien se come un buñuelo.

Veo que para el proyecto de estatutos (artículo 3.1, igualdad como absoluto, en vez de igualdad ante la ley) la opinión de Cajal sobre la Universidad no vale más que la del estudiante que se matriculará por vez primera el próximo septiembre. En esta democracia universitaria que nos proponen los estatutos (conceptualmente muy distinta de la constitucional) la opinión de un cardiólogo sobre el funcionamiento de nuestra víscera no sería más valiosa que la de ese mismo estudiante recién matriculado en medicina, o la del celador del servicio de cardiología. No crean ustedes, ciudadanos, que los claustrales estamos locos. Cuando lo precisamos vamos a que nos revise el cardiólogo, no el celador; y hasta procuramos que el cardiólogo sea de los mejores. Me pregunto: ¿Acaso es más simple el pulso de nuestra Universidad que el palpitar de nuestro corazón? Y si no lo es, ¿por qué nos atrevemos a encomendarlo a manos cuya capacidad, en ocasiones ya evaluada negativamente, se nos oculta? ¿Por qué esta diferencia de procederes? ¿Será que nuestro corazón sí nos importa?