Universidad y democracia
CLARA EUGENIA NÚÑEZ
El domingo 12 de marzo tuvimos una prueba más del saludable estado de la
democracia en España. Pero lo que es bueno para la nación puede no serlo
para ciertas instituciones. Nuestro joven entusiasmo democrático nos ha
llevado a implantar el sistema en instituciones de tanta importancia para
el futuro del país como la Universidad, experimento sin parangón entre
países de nuestro entorno. Y, sin embargo, la Universidad no va bien.
¿Tendrán razón quienes rigen los destinos de Oxford, Cambridge, Harvard y
tantas otras instituciones universitarias de prestigio internacional cuando
prescinden de la democracia en su gestión y utilizan meros criterios
académicos?
La Ley de Reforma Universitaria, que llevó la democracia a las aulas, se
promulgó para dar respuesta a los problemas existentes a comienzos de la
década de los ochenta. La Universidad de entonces, la de los primeros años
de la democracia, era heredera directa de la Universidad franquista,
gestada en la fuerte represión de intelectuales y de universitarios que
siguió a la guerra civil. La aplicación de criterios de índole política, y
no estrictamente académicos, como requiere la lógica de la institución en
la selección del profesorado, hizo retroceder la calidad de la enseñanza
universitaria en España. En una institución cuya verdadera razón de ser es
el fomento de la excelencia en todos los campos del saber, del que depende
el futuro de la sociedad, semejante herencia había tenido un efecto
devastador. Pese a algunos tímidos cambios en ciertas disciplinas que
consiguieron imponer, siquiera esporádicamente, los criterios de calidad en
la selección del profesorado en los sesenta y setenta, las consecuencias de
este sistema de selección seguían vigentes a la llegada de la democracia.
Éste era el verdadero problema de fondo de la Universidad española a la
muerte de Franco. Naturalmente, había otros -masificación entre los
estudiantes, precariedad laboral entre el profesorado, escasez de fondos
para que unos y otros investigaran-, pero eran de carácter coyuntural. El
verdadero problema, el que afectaba a la esencia misma de la institución, y
del que todos los anteriores no eran sino manifestaciones externas, era la
escasa calidad derivada de la interferencia de criterios políticos en la
selección del profesorado.
De ahí que la adopción de la democracia, criterio de naturaleza igualmente
política, como método de gestión no sólo no haya resuelto el problema de
fondo de la Universidad -falta de calidad-, sino que lo haya agravado. De
hecho, los problemas que aquejan a la Universidad actual se asemejan
bastante a los que padecía la institución que nos legó el franquismo, con
una salvedad, la apreciable mejora experimentada por la investigación.
España tiene hoy más y mejores investigadores de los que haya tenido nunca
gracias, en gran parte, a una política eficaz, apolítica que no
democrática, en la adjudicación de fondos para la investigación, una
política asentada exclusivamente sobre los criterios de excelencia
académica, a los que, por definición, debía aspirar la Universidad. ¿Sería
posible, quizá, aplicando criterios similares de eminencia en sustitución
de las prácticas democráticas al uso, resolver los problemas de la
Universidad actual?
Examinemos los problemas coyunturales. La masificación de la enseñanza
universitaria es un problema falso: no existe. O mejor dicho, no debería
existir; bastaría con que los estudiantes practicaran su oficio -el de
estudiar- para que obtuvieran su titulación dentro de los plazos previstos
en lugar de eternizarse en las aulas masificándolas. Para cumplir con éxito
su objetivo deberían contar con un profesorado capaz y eficaz, seleccionado
exclusivamente en función de sus méritos académicos -investigación y
publicación frente a superficialidad y agrafía- e incentivado mediante la
ampliación y consolidación de una escala profesional basada en esos mismos
méritos académicos. Con ello desaparecería, además, otro falso problema: la
precariedad en el empleo.
Si tan sencilla es la solución, ¿por qué no se aplica? Porque los
criterios que gobiernan la Universidad no son los propios de la institución
-la excelencia académica-, sino los de un régimen democrático en el que los
distintos colectivos luchan por defender sus intereses, que no
necesariamente han de coincidir con los de la sociedad que la financia. Al
contrario, acostumbran a ganar en el juego democrático quienes descuidan
sus deberes profesionales. Además, en todo régimen democrático -más aún en
los proclives al caciquismo- hay sectores que no tienen representación
propia y, por consiguiente, carecen de capacidad de acción: así, tantos
excelentes doctores en paro, que no en precario, a los que nunca se ha dado
una oportunidad de integrarse en la Universidad; muchos profesores bien
calificados, investigadores por definición, tan carentes de espíritu de
cuerpo como de amigos políticos, cuya movilidad, ascenso y capacidad de
tener discípulos se ve limitada por su propio aislamiento, y en general,
los buenos estudiantes cuyas necesidades se encuentran desatendidas ante el
colapso del sistema en su conjunto. En definitiva, todos aquellos cuya
labor exclusiva es la propia de la Universidad -el estudio y la
investigación- y que desatienden las tareas políticas -pactos, pasillos,
favores- que les son o deberían ser ajenas.
Este colectivo, diverso, disperso y altamente profesionalizado, no está
organizado y carece de capacidad política para proteger sus intereses, que
en general coinciden con los de la sociedad española: una Universidad de
calidad basada en una fructífera convivencia entre estudiantes y profesores
verdaderamente profesionales que garantice las necesidades de formación de
capital humano de la España del siglo XXI y asegure su futuro crecimiento
económico. Esperemos que un Gobierno de mayoría, que no dependa de
intereses micronacionalistas para sacar sus proyectos adelante, sepa
entender la gravedad del problema y aplicarle los remedios adecuados. No ha
de ir muy lejos para encontrarlos; tiene un buen ejemplo en su propia
política de investigación, parca en recursos -siempre se puede gastar más,
y de hecho estamos por debajo de la media europea-, pero eficaz en las
formas, es decir, apolítica. La democracia, en la Universidad, es parte del
problema. Está de más, como también lo estaría en los hospitales y en las
empresas.
Clara Eugenia Núñez es profesora titular de Historia e Instituciones
Económicas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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