Cortes Generales. Diario de Sesiones del Senado.
Año 2001. VII Legislatura. Núm. 54.
Sesión del Pleno celebrada el miércoles, 12 de septiembre de
2001.
MOCIONES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS ACTUACIONES
PRECISAS PARA POSIBILITAR EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS DIPLOMADOS EN GESTION
Y ADMINISTRACION PUBLICA (GAP) MEDIANTE SU DELIMITACION Y CAPACITACION PROFESIONAL
(662/000145).
La señora
PRESIDENTA: Pasamos al punto tercero del orden del
día, mociones.
Moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno
a realizar las actuaciones precisas para posibilitar el ejercicio profesional
de los Diplomados en Gestión y Administración Pública
mediante su delimitación y capacitación profesional.
A esta moción se ha presentado una enmienda en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista. Para la defensa de la moción y en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, tiene la palabra la Senadora Primo.
La señora
PRIMO ALBERT: Muchas gracias, señora Presidenta.
Antes de iniciar el debate de esta moción, quiero manifestar mi más
fuerte repulsa y la de mi Grupo a los terribles actos terroristas que tuvieron
lugar en el día de ayer, así como enviar nuestra condolencia
tanto a Estados Unidos como al resto de los países del mundo que hayan
sufrido algún tipo de víctima en el citado acto terrorista.
Pero, a pesar de la preocupación que todos sentimos, señorías,
creo que llega el momento de continuar con nuestra labor y es por lo que
esta Senadora va a llevar adelante la defensa de esta moción.
Señorías, el título de Diplomado en Gestión y
Administración Pública fue creado por el Real Decreto 1426/90,
de 26 de octubre. A través de esta nueva diplomatura, se confiaba
a las universidades la formación de futuros profesionales en la gestión
pública con conocimientos interdisciplinares y capacitados desde un
principio para aplicar nuevos métodos y técnicas de gestión
adecuados a una Administración Pública moderna.
Así pues, señorías, se crea una diplomatura en Gestión
y Administración Pública como respuesta académica a
la creciente demanda de un perfil profesional que posea capacidades y habilidades
específicas para diseñar e implantar programas de gestión
administrativa en un entorno principalmente público pero también
en el privado.
Los diplomados en Gestión y Administración Pública son
técnicos especialistas en derecho administrativo y en gestión
financiera y administrativa capaces de trabajar en un entorno cambiante,
de comprender las peculiaridades y características de la función
pública, que comprenden globalmente los problemas públicos,
y con capacidad de argumentar e introducir innovaciones en la organización
pública.
En definitiva, los diplomados en Gestión y Administración Pública
son personas formadas y especializadas capaces de afrontar los nuevos retos
de la Administración y abiertos al exterior; reúnen en su persona
conocimientos jurídicos, económicos, politológicos,
de gestión, etcétera que les permiten adaptarse al proceso
de racionalización y modernización de la Administración
Pública española. Recién salida la octava promoción
de diplomados en Gestión y, Administración Pública de
las primeras universidades que implantaron estos estudios, el panorama profesional
es similar al de hace diez años.
Sigue siendo una titulación desconocida en muchos sectores de nuestra
sociedad y, lo que es aún más preocupante, en el seno de la
propia Administración; desconocimiento que genera graves trabas profesionales,
debidas sobre todo a la falta de delimitación del campo de actuación
o de competencias de estos diplomados y a la exclusión de esta titulación
en las plazas de técnicos de gestión y en las que se valora
o se establece como requisito para el acceso la diplomatura en Derecho, Económicas,
Empresariales, Ciencias Políticas, etcétera.
Señorías, todos estos problemas conducen lamentablemente a
que muchos
estudiantes abandonen estos estudios y a que el índice de matriculados
en
esta titulación haya decaído de forma alarmante, y ello se
debe en gran parte a la desilusión que va generándose día
a día tras comprobar que después de casi diez años el
reconocimiento profesional de los estudios que han realizado sigue prácticamente
igual.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, señorías, consideramos
que hay que
atender con la máxima celeridad a los titulados y a los estudiantes
que cursan, han cursado o cursarán la diplomatura en Gestión
y Administración Pública para que su trabajo, esfuerzo e ilusión
en un futuro profesional próspero no sea sólo posible sino
real.
Por ello, instamos al Gobierno al reconocimiento de la diplomatura en Gestión
y Administración Pública en las convocatorias de técnico
de gestión y en aquellas donde se especifiquen titulaciones de tres
años en Derecho, Empresariales, Económicas o Ciencias Políticas
y a la valoración de esta diplomatura en los distintos concursos de
méritos en los puestos relacionados con la gestión económica-administrativa
y en los que se valoren titulaciones como las anteriormente señaladas,
siempre y cuando se tenga escrupuloso respeto al reglamento general de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado y
de promoción de puestos de trabajo o promoción profesional
de funcionarios de la Administración General del Estado. En definitiva,
señorías, instamos a regular la profesión de los diplomados
en Gestión y Administración Pública para su colegiación
profesional.
Por todo ello, pido el apoyo de sus señorías a esta moción.
La señora
PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Senadora.
Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la Senadora Pérez Anguita.
La señora
PEREZ ANGUITA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, los estudios de Diplomado en Gestión y Administración
Pública, como ha dicho la Senadora Primo, fueron aprobados por el
Consejo de universidades en el año 1990 por el Real Decreto 1426/90,
de 26 de octubre. Comenzaron tres universidades en el curso 1991-1992, y
el pasado curso 2000-2001 eran, ya 21 las universidades que tenían
implantada la titulación. La introducción de estos estudios
en España correspondió a varias razones: a la demanda, a la
oferta y al intento de aproximación de las universidades españolas
a las prácticas más extendidas en los países europeo.
En cuanto a la demanda, existía una clara conexión entre la
creación de estos estudios y el programa de modernización administrativa
impulsado por el Ministerio para las Administraciones Públicas en
aquellos años. El Estado tomó conciencia de la gran rigidez
de los sistemas de acceso a la Administración Pública, tomó
conciencia también de la lentitud de la selección del personal
que aspiraba a integrar las filas de la Administración pública,
y también de la exigencia de pruebas que no correspondían en
absoluto con las funciones a desarrollar posteriormente en la Administración,
además del carácter eminentemente memorístico que tenían
las pruebas para acceder a la misma.
Todo este análisis puso de manifiesto las dificultades que tenía
el Estado para proveerse con flexibilidad de los recursos humanos necesarios.
La consecuencia de todo este análisis se plasmó en un documento
cuyo fin sería la modernización de las administraciones públicas
utilizando para ello estrategias dirigidas en dos ámbitos
diferentes: por un lado, la universidad, a través de la que se pretendía
promover una mayor conexión con las facultades que formaban a los
aspirantes, a la vez, que orientar la reforma de las carreras universitarias
con objeto de acercar los contenidos a, los requerimientos específicos
de la Administración. Además de la universidad, se necesitaba
para ese cambio, a la propia Administración, renovando los mecanismos
de promoción interna para aprovechar la experiencia adquirida por
los
funcionarios.
Como puede observarse, la demanda por parte de las Administraciones justificaba
en esos momentos la implantación de estos estudios. Sin embargo, si
hoy hiciéramos la misma reflexión sobre el tema obtendríamos
semejantes respuestas a las que obtuvieron en su momento. A pesar de que
ya han salido varias promociones de la diplomatura --la Senadora Primo ya
ha hablado de la octava promoción-- que ha dado los técnicos
mejor preparados de la historia de la Administración, no sólo
no se ha producido ese cambio esperado sino que, a modo de «boomerang»,
los problemas que tenía la propia Administración han vuelto
a ese colectivo la diplomatura --lo que comparto con la Senadora Primo.
No son pocas las dificultades que se enfrentan a la concepción originaria
de estos estudios: actualmente, después de diez años de implantación
de la carrera, tienen dificultades de homologación de sus estudios
en el marco de las instituciones comunitarias; existe un solapamiento de
funciones con otros titulados universitarios, muchos de los cuales poseen
una formación mayoritariamente jurídica pero no tan multidisciplinar
como la titulación de Gestión y Administración Pública;
hay una gran heterogeneidad en los planes de estudios conducentes a este
título, y algo tan importante para esta carrera como son las prácticas
no vienen reflejadas en los planes de estudios; es insólito que no
tenga reflejo en los planes de estudio algo tan importante como las prácticas.
Ha tenido que ser por la demanda de los propios interesados por lo que se
han puesto en algunas universidades prácticas, pero dependiendo siempre
de la universidad en cuestión.
Como podemos observar, se advierte una clara disonancia entre los objetivos
modernizadores planteados tanto en la Ley 30, de 1984, como en el propio
documento --al que he hecho alusión-- del Ministerio de Administraciones
Públicas y la consideración de estos titulados como especialistas
en Administración.
La Administración española continúa conservando los
rasgos de una organización fuertemente burocratizada. Todo este análisis
ha sido el que nos ha llevado a la presentación de ésta enmienda.
La enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy en este pleno
pretende que se dé una solución real al problema que he desmenuzado
a lo largo de mi intervención. El Gobierno tiene que comprometerse
con soluciones concretas. Ese es el verdadero sentido de la enmienda que
hoy pretendemos. Estoy segura de que el Grupo Parlamentario Popular la va
a aceptar si en su ánimo está el solucionar los problemas de
este colectivo. No entra en absoluto en contradicción con la moción
que presenta el Grupo Parlamentario Popular, más bien al contrario,
lo que hace es perfilar y aclarar las soluciones del problema inducidas por
los profesionales de la carrera y por los propios interesados.
Por ello, reitero al Partido Popular la petición de que acepte esta
enmienda, porque realmente así se van a solucionar las dificultades
de este colectivo que, como hemos descrito la Senadora Primo y yo misma,
tiene verdaderos problemas que hay que resolver.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
La señora
PRESIDENTA: Gracias, señora Senadora.
Tiene la palabra la Senadora Primo para confirmar si acepta o no la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora
PRIMO ALBERT: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo para comentar y agradecer la intervención de la Senadora
del Grupo Parlamentario Socialista y comunicar que hemos firmado una enmienda
transaccional puesto que, como todas sus señorías habrán
comprobado, el espíritu de mi moción y el de la enmienda coinciden
totalmente y al fin y al cabo los beneficiados van a ser los Diplomados en
Gestión y Administración Pública y, puesto que estamos
todos de acuerdo, era lógico firmar la citada enmienda.
Muchas gracias.
La señora
PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el Senador Perestelo.
El señor
PERESTELO RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a intervenir brevemente. Puesto que todos los
grupos parlamentarios hemos firmado la enmienda transaccional he de manifestar
nuestro voto favorable a la moción. Sin embargo, no dejan de ser paradójicas
algunas afirmaciones planteadas en relación con el contenido mismo
de la moción.
Se propone una petición al Gobierno para regular el acceso a la Función
Pública a unos Diplomados en Gestión y Administración
Pública; una diplomatura que indudablemente nace con una clara vocación
de preparación de funcionarios o de personal al servicio de las administraciones
públicas, independientemente de que el currículum diseñado
para esta diplomatura permita que estas personas puedan tener un lugar de
trabajo donde desarrollar su labor en la empresa privada. Sin duda cuentan
con un currículum adaptado a lo contemplado en estos momentos en las
funciones y cometidos de cualquier Administración Pública,
ya sea la Local, la
Autonómica o la General del Estado.
Pero señorías, si comprobamos el Estatuto que regula el acceso
a la Función Pública del personal e incluso la carrera administrativa,
estamos seguros de que coincidiremos en hallar un punto de encuentro que
permita la incorporación de este personal a las citadas administraciones.
Saben ustedes que existen dos escalas en la administración: la Administración
General y la Especial. La Administración General contempla los puestos
de subalterno, auxiliar administrativo, administrativo y técnico,
es decir,
no está prevista la posibilidad de incorporación de un diplomado
que se encontraría en el nivel B de la Función Pública.
Sin embargo, la Administración Especial, que en el texto refundido
se refiere a las tareas específicas y especiales, contempla la posibilidad
de que técnicos Diplomados Universitarios, grupo B, empresariales,
aparejadores e ingenieros técnicos de obras públicas puedan
incorporarse a la Administración.
Por tanto, existe el marco adecuado, sólo falta la voluntad política
de los responsables de cada una de las administraciones para incorporar a
un colectivo que probablemente tenga una preparación multidisciplinar
que les permita además realizar trabajos técnicos que sin duda
favorecen la propia gestión administrativa.
Por ello, hemos coincidido y firmado la enmienda transaccional, y quiero
decirle con todo el cariño del mundo a la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista que entendíamos como muy fuerte --se lo digo en estos términos--
discriminar de manera positiva a los diplomados; una cosa es que se les reconozca
su profesión y otra que se les discrimine positivamente porque al
final el debate no es éste, sino el acceso a la Función Pública.
Ese es el gran debate que está pendiente todavía en este país.
Muchas gracias, señoría.
La señora
PRESIDENTA: Gracias, Senador Perestelo.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor
Sabaté.
El señor
SABATE BORRS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Brevemente quiero decir que compartimos el espíritu y la voluntad
de los dos grupos mayoritarios de la Cámara en cuanto al reconocimiento
y la búsqueda de un encaje adecuado para los diplomados en Gestión
y Administración Pública dentro de lo que es la Administración
General del Estado. Por todo ello hemos suscrito la moción transaccional
y la vamos a dar nuestro apoyo.
Gracias.
La señora
PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sabaté.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, tiene la palabra el Senador Xuclà i Costa.
El señor
XUCLÁ I COSTA: Muchas gracias, señora
Presidenta.
Simplemente quiero fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán
al conjunto de la moción y concretamente al texto consensuado alcanzado
mediante esta transacción que hemos firmado y por la cual evidentemente
votaremos a favor.
La diplomatura de Gestión y Administración Pública son
estudios universitarios de una relativa reciente implantación. Se
ha recordado que actualmente estamos ante la octava promoción que
exige ajustes en sus contenidos y objetivos para adaptarse mejor a las exigencias
y a las actividades de las administraciones públicas y para proporcionar
una eficaz formación en el ejercicio de la función pública.
Una medida que favorece de forma práctica esta pretensión es
la inclusión de dicha diplomatura en todas las convocatorias de técnicos
de gestión, tal como propone el punto segundo de la moción
transaccional. Bienvenida sea pues esta medida.
Finalmente se nos plantea el punto de la regulación y ordenación
suficiente de la profesión para que pueda dar cuerpo a la constitución
de un colegio profesional.
También estamos a favor de este punto, que sería la consecuencia
de la lógica maduración del proceso. La administración
corporativa está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico
como un pilar de regulación de sectores profesionales desde la consideración
de un estatuto de persona jurídica pública que ejerce una función
relacional entre la lógica del sector privado y la necesaria regulación
desde la
esfera pública.
La última, pero relevante, consideración desde el punto de
vista de la sensibilidad autonomista de este grupo parlamentario es que la
regulación de la profesión debe conducir a la constitución
del colegio profesional de ámbito estatal, pero no debemos olvidar
las competencias de los parlamentos autonómicos para la regulación
y constitución de colegios profesionales en los territorios de las
Comunidades Autónomas. La redacción precisa del punto tres
debería matizar esta dimensión propia de un Estado compuesto.
En este mismo sentido se plantea el ámbito competencial de las Comunidades
Autónomas en la definición de los contenidos de los estudios
universitarios. En ningún caso la aprobación de esta moción
debería representar una larvada voluntad de recuperación de
competencias hacia el Gobierno central en esta materia. Pero, como muy bien
saben sus señorías, éste es un aspecto que, con carácter
más general, se planteará durante este período de sesiones
en el debate legislativo que el Gobierno nos tiene anunciado sobre la reforma
de la educación universitaria. Vaya por delante, una vez más,
la postura de nuestro Grupo en este tema favorable a respetar las competencias
de las Comunidades Autónomas.
El Grupo Parlamentario Catalán votará favorablemente esta moción.
No obstante, quería hacer estas observaciones y reservas respecto
de los colegios profesionales de las Comunidades Autónomas y de las
competencias consolidadas en la definición de contenidos de la oferta
universitaria.
Muchas gracias.
La señora
PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Xuclà.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la Senadora Pérez Anguita.
La señora
PEREZ ANGUITA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo brevemente para agradecer al Grupo Parlamentario Popular que haya
tomado en consideración la enmienda que hemos presentado y al resto
de los grupos por haber posibilitado la transaccional. Entiendo que realmente
la moción no entraba en contradicción y, de hecho, la Senadora
Primo lo ha puesto de manifiesto en su intervención. Estábamos
totalmente de acuerdo, aunque sí es verdad que la moción, tal
y como estaba planteada inicialmente por el Grupo Parlamentario Popular,
quedaba desde nuestro punto de vista muy desdibujada porque no es lo mismo
instar al Gobierno a realizar actuaciones precisas para posibilitar el ejercicio
profesional de los diplomados en Gestión y Administración pública
mediante su delimitación y capacitación profesional --como
decía inicialmente la moción-- que instarlos a cosas concretas
como que se reconozca expresamente la diplomatura en todas las convocatorias
de técnicos de gestión y en otras donde se especifiquen titulaciones
semejantes de tres años de Derecho, Empresariales, Económicas
o Ciencias Políticas.
Entendemos que no es lo mismo, porque en el primer caso queda tan abierto
que en definitiva no se insta a nada concreto, y en el segundo se pretende
dar soluciones concretas, que son las que el colectivo demanda, puesto que
para presentar la enmienda este Grupo ha tenido contactos, con el colectivo,
con los profesores y hemos recogido textualmente sus reivindicaciones. Como
digo, no es lo mismo. Este colectivo ha tenido problemas en algunos momentos
e incluso han necesitado acudir a los tribunales de Justicia para reivindicar
el poder presentarse a
determinadas oposiciones que exigían una titulación semejante.
Por tanto, aun estando básicamente de acuerdo con el Grupo Popular,
entiendo que la transaccional que hemos planteado da respuesta a ese colectivo
y que con ella los problemas se van a solucionar de otra forma.
Nada más y muchas gracias.
La señora
PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Turno del Grupo Parlamentario Popular. La Senadora Primo tiene la palabra.
La señora
PRIMO ALBERT: Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, y ante todo, deseo manifestar mi agradecimiento a todos
los grupos parlamentarios que han intervenido y que han apoyado esta moción,
así como mi satisfacción porque una iniciativa del Grupo Popular
haya tenido un apoyo tan abierto y porque, aun sabiendo de dónde proviene,
el Grupo Socialista haya coincidido con ella. Esto no es normal y esperemos
que siga así, ya que sería una buena señal.
Deseo, pues, mostrar mi agradecimiento a todo el mundo y sobre todo al Grupo
de Coalición Canaria que ha comentado el hecho de que se pudiera desmejorar
la situación de otras titulaciones concretas a nivel de la Administración
Pública. Consideramos que tenía que ser así. Es decir,
bajo ningún concepto nos podemos saltar a la torera el Real Decreto
364/95 --y de hecho lo he dejado bien claro en el texto de la moción--
que regula en todo momento el acceso a la Función Pública,
tanto la promoción como la provisión de puestos de trabajo.
En este sentido, lo que pretendía concretamente esta moción
era equiparar a los nuevos diplomados en gestión y administración
pública al resto de los diplomados. Actualmente estos diplomados no
tenían acceso a algunos concursos de provisión de puestos de
trabajo y lo que se pretende es igualarlos, nunca ponerlos por encima porque
entonces estaríamos perjudicando al resto de los diplomados.
Por último, reitero a todas sus señorías mi agradecimiento
por el consenso alcanzado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora
PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, Senadora Primo.
Perdón, señorías, con tanto consenso se me olvidaba
que hay que proceder
a la formalidad de la votación.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada. (El Senador Bonet i Revés pronuncia palabras que no
se
perciben.)
¿Quería decir algo el Senador Bonet?
El señor
BONET I REVES: Sí, señora Presidenta.
En la Junta de Portavoces
creí interpretar que se votaría a partir de la tercera.
La señora
PRESIDENTA: Tiene toda la razón el Senador
Bonet.
No se vota, por tanto, la moción; la votación se efectuará
esta tarde.
Perdonen, señorías, pero alguien me ha indicado que había
que proceder a
la votación.
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LA MOCIÓN QUEDÓ APROBADA EN LA VOTACIÓN ESA MISMA
TARDE POR ASENTIMIENTO.