DE REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
                  PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA
                  Sesión núm. 12, celebrada el miércoles, 26 de noviembre de 1997


Proposiciones no de Ley

Para potenciar las salidas profesionales de los diplomados en gestión y administración pública en el ámbito de la administración local.

Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 161/000689) (Página 10115) 


PARA POTENCIAR LAS SALIDAS PROFESIONALES DE LOS DIPLOMADOS EN GESTION Y ADMINISTRACION PUBLICA EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACION LOCAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGÉNCIA I UNIO)
(Número de expediente 161/000689).

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la proposición no de ley correspondiente al punto IV del orden del día, pasamos al debate de la proposición no de ley para potenciar las salidas profesionales de los
diplomados en gestión y administración pública en el ámbito de la Administración local.

Por el grupo proponente, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.

La señora GIL I MIRO: En nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), me complace proponer a esta Comisión el subsanamiento de una omisión normativa, no imputable al legislador, sino al correr del tiempo; un subsanamiento que, a su vez, implica el reconocimiento, a efectos públicos, de la calidad formativa de los estudios universitarios de diplomatura en gestión y Administración pública y de su específica adecuación para el desempeño de las funciones que el marco normativo atribuye como propias del lugar de trabajo de la secretaría e intervención en la Administración local.

El 26 de octubre de 1990 se estableció, por Real Decreto 1426/1990, la diplomatura en gestión y Administración pública, estudios que en el curso 1991-1992 iniciaron la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona; Carlos III, de Madrid, y la Universidad de Barcelona de manera pionera y que hoy se cursan ya en veintiuna universidades del Estado español.

No hay duda de que esta diplomatura se creó como una respuesta académica moderna y profesionalizadora a la demanda social y administrativa de un nuevo perfil profesional que tuviera habilidades y conocimientos específicos en gestión en el sector público, ante el reto permanente de éste de actuar con eficacia y flexibilidad en un medio cambiante y exigente.

El nuevo profesional diplomado en gestión y Administración pública ha recibido una formación académica pluridisciplinar que le permite tener un profundo conocimiento de la Administración pública y a su vez una
amplia comprensión de las relaciones existentes entre las técnicas gestoras de la empresa privada y las de la Administración. Por ello, el curriculum combina conocimientos teóricos con prácticos y conocimientos generales con conocimientos específicos.

Del análisis de las materias que componen el curriculum se infiere que éste ha sido conformado específicamente para proporcionar la formación flexible y adecuada para el desempeño de funciones en el
ámbito profesional de las Administraciones públicas y, en especial, en las de Secretaría e Intervención de la Administración local.

Como es sabido por los miembros de esta Comisión, estas funciones han sido reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional y fue estructurada y diferenciada de la Administración general y de la
Administración especial mediante una subescala específica a la que por el Real Decreto 1174/1987 se ingresa mediante pruebas selectivas en las que pueden participar aquellos aspirantes que hubieran superado los tres primeros cursos de las licenciaturas de derecho, ciencias políticas y sociología, económicas y empresariales.

Es evidente que las funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y la de contabilidad propias del lugar de trabajo de Secretaría e Intervención de la Administración local se acuerdan en todos sus extremos a la formación específica de los diplomados y diplomadas en gestión y Administración pública, de tal manera que su inclusión en los requisitos de titulación para aspirar a aquel lugar de trabajo garantizarían, sin duda, el correcto desempeño y desarrollo de aquéllas.

Por todo ello, pido a los distintos grupos políticos que conforman la Comisión su voto favorable para que prospere nuestra propuesta, con la confianza de que ello redundará también en la mejora y modernización del servicio público.

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos Martínez.

El señor RIOS MARTINEZ: Tomo la palabra para defender la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre una propuesta que pretende lograr dos objetivos. Uno de ellos es que esta titulación puesta en marcha en 1990 --como es la diplomatura en gestión y Administración pública, que tenía como objetivo dar una formación con bases teóricas y técnicas para la gestión administrativa y financiera, con especial incidencia en el campo de la Administración pública-- tenga una proyección hacia una parte de la Administración pública. La propuesta es muy prudente, puesto que hace referencia solamente a la posibilidad de participar en las pruebas selectivas de una subescala, la de Secretaría e Intervención, aunque puede haber otros puestos de la Administración en los que también se podría participar.

Con las diplomaturas universitarias se puede pasar al segundo ciclo universitario y obtener la licenciatura correspondiente, pero ésta de la que hablamos no tiene la previsión, puesto que es anterior al año 1987, la facilidad para acceder a las pruebas selectivas, en este caso del grupo B, en esta subescala a la que hacía referencia. Desde el año 1987 todas las personas que hubiesen superado los tres primeros cursos de la
licenciatura de derecho, ciencias políticas, sociología, económicas o empresariales podían presentarse a estos puestos. Sin embargo, estas diplomaturas nuevas, que intentan adecuar su formación a la administración pública para darle una capacidad más dinámica, más abierta, ya se imparten, aunque en un principio solamente lo hacía un número reducido de universidades, en un número amplio, por encima de veinte, con lo cual se está dando una proyección a las personas que cursan esta titulación, dándoles una cobertura, un camino.

Por tanto, nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley, aunque los caminos que hace la propuesta pueden ser éstos u otros. Uno de ellos podía ser modificar el real decreto, o se podía hacer una adecuación más amplia con una nueva norma, no sólo modificar el artículo 22.1.c) del real decreto. Puede hacerse para esta                  subescala o para otras de las administraciones públicas que también tuvieran un rango similar. No obstante, la propuesta originaria es ésta, pero yo abriría la parte final, si así lo estima la proponente, a otras previsiones de la Administración que el Gobierno considere oportunas. En todo caso, si se mantiene el texto original, lo vamos a votar igual, puesto que el objetivo es ampliar esta cobertura. Vamos a ver si el plazo de un mes se cumple. Es una innovación en cuanto a proposición no de ley y los plazos son muy importantes, como lo demuestra que antes nos hemos saltado una propuesta de tres meses porque decían que el plazo era muy corto. Aquí damos un mes de plazo para hacer una reforma, y yo sería partidario de que estos plazos fueran orientativos. Es verdad que el Congreso insta al Gobierno y que el Gobierno administra este impulso. Uno está acostumbrado a que se aprueben plazos mayores, incluso de seis meses, y que hayan pasado dos años y no se haya hecho realidad lo que aprobamos aquí, porque es un impulso que el Gobierno tiene como orientación. Pero a mí me parece positivo que se dé un plazo breve de tiempo a cada uno de los impulsos de esta Cámara, porque a los grupos parlamentarios nos da la posibilidad de controlar cómo es obedecido o aceptado por parte del Gobierno.

En ese sentido, apoyaremos el plazo que se da aquí --insisto en que es una innovación de un mes--, aunque es corto, pero durante el mes de enero se podrá estudiar mejor y ya en febrero, mes hábil parlamentariamente hablando, pediremos explicaciones. Tomamos nota porque así lo haremos en otras propuestas con otras dimensiones.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.

El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Voy a fijar la posición del Grupo Socialista en torno a esta iniciativa del Grupo de Convergència i Unió, por la que se pretende potenciar las salidas profesionales de los diplomados en gestión y Administración pública en el ámbito de la Administración local.

En primer lugar, he de manifestar que creo que es justo hacerlo, y quiero transmitir el reconocimiento a Convergència i Unió por la iniciativa que ha concretado en esta proposición no de ley, porque nos parece
claramente positiva. Es evidente, como se ha indicado ya, que existe una cierta laguna legal --hay que interpretarlo desde esta perspectiva-- en virtud de la cual una nueva titulación, una diplomatura como la de
gestión y Administración pública tenía hasta ahora imposibilitado el acceso para los diplomados en esta disciplina a la escala de Secretaría e Intervención de la Administración local que, como se conoce, abarca
fundamentalmente a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y que está abierta, por otro lado, y es la gran incoherencia comparativa, a las personas que hayan cursado tres años de diferentes licenciaturas, entre ellas la de derecho.

Como es conocido, la diplomatura en gestión y Administración pública ha tenido una buena aceptación en el conjunto del proceso formativo y universitario en España y, si analizamos cuáles son las materias troncales
que contiene la diplomatura --porque, en todo caso, creo que es el contraste que habría que hacer para determinar si es coherente el contenido de la iniciativa--, se advierte claramente que estamos ante un terreno razonable para que los diplomados en gestión y Administración pública puedan acceder a la escala de secretario de intervención de la Administración local. Brevemente recordaré que entre las materias troncales de esta diplomatura encontramos derecho administrativo, derecho constitucional, estadística administrativa, estructuras políticas y administrativas, gestión administrativa, gestión financiera y contabilidad, información y documentación administrativa, sistema económico y financiero y teoría social. Es decir, un elenco de materias absolutamente encajables para la adecuada formación de alguien que pueda llegar a realizar funciones de secretario de intervención en el ámbito de la Administración local. Como se ha dicho aquí, hay veintiuna universidades que expiden el título de diplomatura en gestión y Administración pública; creo que un importante número de jóvenes orientan su formación hacia esta disciplina, que perfeccionará y mejorará la calidad de las personas que se puedan incorporar a la Administración pública. En consecuencia, nuestro voto será favorable a la iniciativa de Convergència i Unió.

En línea con lo que ha señalado el portavoz de Izquierda Unida, simplemente queríamos hacer un matiz, y es que creo que va a ser imposible cumplir el plazo que se establece de un mes. Hay que tener en cuenta que a lo que se insta al Gobierno es a que se modifique un reglamento de desarrollo de la Ley de Bases de Régimen Local, y la tramitación de modificación del citado reglamento exigirá, entre otras cosas, el dictamen previo del Consejo de Estado. Parece que en un mes, aunque el tema tiene una importancia menor, será casi imposible que el Gobierno lo pueda cumplir y a lo mejor abrimos una expectativa excesivamente amplia para el cumplimiento de los fines de la iniciativa. Por tanto, nosotros sugeriríamos y veríamos razonable, si el Grupo de Convergéncia i Unió está de acuerdo, que habláramos de tres meses o a la mayor brevedad posible, porque el trámite de modificación del reglamento exige esas condiciones que acabo de expresar.

El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero, si es tan amable, presente por escrito esta sugerencia como enmienda que acaba de hacer a la proposición no de ley.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny Masip.

La señora MONTSENY MASIP: Tomo la palabra para defender la posición de mi grupo en cuanto a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió, que, desde un punto de vista académico y de una forma tan completa, ha defendido la señora Gil i Miró.

Entendemos que es viable el objetivo que persigue la presente proposición no de ley, y no diría sólo viable sino también justo; por lo tanto, el grupo parlamentario al que pertenezco va a apoyarla. Sin embargo, me gustaría poner de manifiesto que esta proposición no de ley no es sólo competencia de esta Comisión de Administraciones Públicas, sino que excede de su ámbito, ya que el contenido que persigue incide de alguna forma en el ámbito de la educación. Es cierto que vivimos unos momentos muy dinámicos en ese terreno y que continuamente están cambiando las titulaciones universitarias, razón por la cual el decreto de 1987 no pudo contemplar la diplomatura en gestión y Administración pública, que fue objeto de regulación por el Real
Decreto 1426/1990. En ese terreno, hay constantemente nuevas especificaciones y especialidades en materia educativa a las que son sensibles tanto el Gobierno como el grupo parlamentario al que yo represento en este momento.

Se ha demostrado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que una de las partidas presupuestarias en que ha habido un importante aumento ha sido precisamente en el área educativa. También deberíamos reconocer esa sensibilidad que demuestra el Gobierno al presentar un modelo de formación profesional continuada, que supondrá el reconocimiento de titulaciones académicas en cantidad de nuevos oficios que se han ido produciendo y mutando a lo largo de los cambios de la sociedad, y quiero decir que esos cambios también se dan en procesos informáticos, donde al cabo de los años un determinado programa ya no es viable y surge otro nuevo y mejor.

Por tanto, creemos que, caso de que la representante de Convergència i Unió entendiera que es viable ampliar el contenido de esta proposición no de ley, debería ser objeto de un estudio más riguroso, donde no cabría la exposición hecha por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, aunque sí en el fondo y en el espíritu, y mi grupo vería muy bien que la representante de Convergència i Unió admitiera el plazo de tres meses para instar al Gobierno a que regulara el mencionado real decreto.

El señor PRESIDENTE: ¿Señora Gil i Miró?

La señora GIL I MIRO: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán admitimos la enmienda, sustituyendo «en el plazo de un mes» por «en el plazo de tres meses».

El señor PRESIDENTE: ¿El resto de los grupos admiten a trámite la enmienda in voce presentada?

(Asentimiento.) Señorías, damos por debatido el punto V del orden del día, la proposición de ley a la que acaban de hacer referencia las intervenciones de sus señorías.